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MANIFIESTO "DERECHO AL ABORTO. NOSOTRES DECIDIMOS" (Manifestación 21 de Febrero de 2008) (Cartel y manifiesto en Asturiano)

Las recientes actuaciones judiciales, que han llevado de nuevo a varias mujeres a los juzgados por haber interrumpido voluntariamente su embarazo, evidencian la situación de inseguridad jurídica en la que nos dejó a las mujeres la ley de aborto aprobada en los años 80: un cierre en falso para un problema que afecta a decenas de miles de ciudadanas cada año.

Es ésta una ley para la que el aborto es un delito, despenalizado sólo si concurre alguno de los tres consabidos supuestos: violación, malformación fetal o peligro para la salud física o psíquica de la madre.

Ante esta situación, queremos, en primer lugar, manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con las mujeres investigadas por abortar y con los y las profesionales que hasta hoy lo han hecho posible.

También queremos denunciar la violenta campaña orquestada desde los sectores religiosos más fundamentalistas y las derechas políticas ultraconservadoras, que no dudan en promover actuaciones judiciales y en utilizar la intimidación, las amenazas, la mentira, el insulto e incluso la violencia, tanto física como verbal, con tal de imponer su modelo de familia patriarcal, que atenta contra la libertad de las mujeres y se basa en el control de nuestra sexualidad.

Hoy, las organizaciones del movimiento feminista, partidos, sindicatos y entidades que convocamos este acto, las mujeres y los varones que participamos en esta manifestación, exigimos a los poderes públicos, instituciones y partidos políticos y, especialmente, al gobierno resultante de las urnas el 9 de marzo, un compromiso claro y decidido para que el aborto sea reconocido como un derecho, ejercido desde la libre decisión de las mujeres y garantizado en la red sanitaria pública.

Un derecho que se contextualice en un marco normativo amplio que nos garantice nuestro derecho a la salud en su más amplia acepción y, por tanto, nos confirme nuestros derechos sexuales y reproductivos y se acompañe de medidas que aseguren la educación sexual en todos los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia con cargo a la Seguridad Social.