Jornadas: Ley contra el uso de signos religiosos en la escuela pública francesa, ¿era necesaria?
Doña María José Ramos (Consejera de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias)
Más
allá de las preocupaciones que me consta tienen las organizaciones de mujeres,
y que son legítimas, relacionadas con la gestión de la asociación, con el
desarrollo de las actividades, con el presupuesto del que disponen, etc..., me
atrevo a sugerir que el principal reto que tienen las asociaciones de mujeres
es el de seguir trabajando para conseguir una conciencia social cada vez más
comprometida con el valor de la igualdad entre géneros y para que las
instituciones incrementen los esfuerzos para avanzar hacia la igualdad real.
Por ello es para mí un placer tener la ocasión de acompañaros y hacerlo desde
un espacio como éste, un lugar creado por estas dos organizaciones para la
reflexión y el debate que siempre han impulsado y sustentado las
reivindicaciones del movimiento organizado de mujeres.
Con
la polémica ley de prohibición de signos religiosos en la escuela pública
francesa como telón de fondo, tendremos ocasión de sacar a la luz este debate
complejo y lleno de matices en el que hallamos opiniones encontradas y
enfrentadas incluso dentro del propio movimiento feminista. Por ello quiero
agradecer de nuevo a las organizadoras el que nos hayan brindado a todas la
ocasión de escuchar a las expertas, a mujeres que como Amelia y Sophie llevan
años pensando y argumentando sobre estas cuestiones y que en este foro harán
una reflexión en alto para que todas nosotras podamos aprender, enriquecernos y
reforzar o poner en cuestión los planteamientos con los que entramos en esta sala.
El
debate surgido en torno a la llamada “ley del velo islámico” debe conducirnos a
una reflexión sobre la situación de las mujeres inmigrantes y las condiciones
que se dan o no en los países de acogida para su integración, y por otro lado
nos plantea de nuevo la cuestión de si debemos poner o no algún límite en el
respeto a las tradiciones culturales de las personas inmigrantes. A mi juicio,
la respuesta a ambas cuestiones debe encontrarse en el marco de la lucha por la
igualdad de mujeres y hombres y en el marco del pleno respeto a los derechos
humanos.
En
el año 2000 había en España 895.000 personas inmigrantes con permiso de
residencia, de las que el 45% eran mujeres. Cabe destacar además que en el año
2003 la cifra de personas extranjeras que residen legalmente en nuestro país se
ve duplicada. Por otro lado, un informe presentado por la relatora especial
sobre derechos humanos de los emigrantes de la Comisión de Derechos Humanos de
la Unión Europea durante su visita a España en septiembre de 2003, cifraba en
600.000 personas el número de inmigrantes residentes en España en condiciones
irregulares.
Volviendo
a los datos sobre migración regular, si tenemos en cuenta el empleo como
principal factor integrador de la migración y analizamos los datos de personas
con permiso de trabajo y su distribución por sexos vemos que, en el año 2000,
de 292.000 personas que trabajaban en nuestro país en condiciones regulares tan
sólo el 35% eran mujeres, concentrándose de forma mayoritaria en espacios que
permiten pocas posibilidades de relación social: fundamentalmente en el sector
servicios y, dentro de éste, en el sector doméstico. Esta situación también es
analizada por la relatora especial sobre derechos humanos de los emigrantes.
Según consta en su informe, el sector doméstico es el que concentra a la mayor
parte de las mujeres emigrantes en condiciones legales o ilegales en España.
Muchas de ellas trabajan irregularmente, sin seguridad social y con
vulnerabilidad constante a ser explotadas; las que trabajan regularmente no
están exentas de explotación ya que su permiso de residencia depende de la
renovación de su contrato de trabajo. Si valoramos además el país de origen de
las trabajadoras, es sencillo percibir cómo la proporción de mujeres que tienen
un empleo remunerado regular es aún más baja en aquellas procedentes de países
musulmanes, siendo el 9% en el caso de personas procedentes de Argelia y el 17%
de las procedentes de Marruecos. Este hecho también aparece destacado en el
informe de la relatora especial sobre derechos humanos de los emigrantes, que
subraya que las mujeres emigrantes son discriminadas en materia de salarios y condiciones laborales
según su país de origen, siendo las mujeres marroquíes las que se encuentran en
peor situación.
El
análisis de estos datos pone de manifiesto que el sexo es un factor
determinante en el grado de integración social de una persona inmigrante, y
dentro del grupos de mujeres inmigrantes el país de origen es también un
elemento decisivo de cara a prever sus posibilidades de integración en la
cultura de acogida.
En
el caso de las niñas y de los niños el instrumento socializador e integrador
por excelencia es la escuela. En el informe sobre la familia y la integración
social de menores de origen extranjero
elaborado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones se
destacan algunas cuestiones interesantes al respecto. La educación para las
familias inmigrantes un elemento de promoción social para sus hijas e hijos: se
entiende como el acceso al conocimiento y la cualificación profesional
imposible en su país de origen y al mismo tiempo como un contexto social que
favorece la integración de sus hijas e hijos con los menores españoles y, por
lo tanto, su integración en el país de acogida. Pero por otro lado la escuela
se configura como un peligro para la conservación de las tradiciones religiosas
y culturales que se contrapone al otro agente socializador: la familia, que
actúa como el espacio depositario de la tradición.
Esta
necesidad de integración y de conservación de la identidad cultural ha dado
lugar en ocasiones a posiciones irreconciliables que se acentúan en el caso de
las niñas, sobre las que cae con fuerza el peso de la transmisión y la
conservación de tradiciones culturales, prácticas religiosas y conductas
cotidianas muchas veces no igualitarias.
En
este contexto es en el que se sitúa el debate sobre la ley de prohibición de
símbolos religiosos ostensibles en las escuelas de educación primaria y
secundaria francesas, aprobada en febrero de este mismo año de forma casi
unánime por la Asamblea Nacional: 494 votos a favor, 36 en contra y 31
abstenciones. Frente a la controversia generalizada que rodea la iniciativa, la
clase política francesa ha aprobado mayoritariamente esta ley que comenzó a
aplicarse en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso
escolar. Es una iniciativa fruto del consenso alcanzado entre la derecha y la
oposición socialista, amparada en el carácter laico de la República Francesa,
según la cual el espacio público en la escuela no debe convertirse en lugar de
expresión de los múltiples confesionalismos que conviven en Francia.
En
1989 sale a la luz pública la primera polémica ante la negativa de una joven a
quitarse el velo para asistir a la escuela; polémica que se solventa con un
dictamen del Consejo de Estado que faculta a las direcciones de los centros
escolares a decidir en cada caso. Desde el año 2000 y hasta la entrada en vigor
de la ley, el complejo panorama internacional pone a la población inmigrante
musulmana en una difícil situación. Seis grupos de personas expertas y seis
informes analizan la conveniencia de prohibir los símbolos religiosos
ostensibles en las escuelas. Se producen manifestaciones a favor y en contra de
la prohibición, y decenas de artículos de opinión en la prensa que reflejan la
dificultad de dar una respuesta a la cuestión planteada.
Recientemente
han saltado a los titulares de la prensa las primeras expulsiones y de paso
hemos sabido que por ejemplo en el distrito de Alsacia, donde el curso pasado
450 niñas acudían a la escuela cubiertas con velo, este año los casos se han
reducido a 17. A mi juicio, debemos continuar siguiendo de cerca las
consecuencias de la aplicación de la ley francesa; pero creo que la cuestión de
fondo sobre la que debemos reflexionar debe ubicarse en el contexto de una
reflexión general sobre las condiciones de la vida de las mujeres y las niñas
inmigrantes, principales víctimas de los ajustes socioeconómicos, el racismo,
los ghettos y del peso de las tradiciones culturales discriminatorias y
sexistas de sus países de origen y también de los de destino.
Las organizaciones de mujeres como las que hoy promueven este foro, tanto la Tertulia Feminista Les Comadres como la Asociación de Mujeres Progresistas “Sara Suárez Solís”, deben trabajar para visibilizar a estas mujeres, crear espacios de intercambio cultural y contribuir a construir una sociedad más igualitaria. Debemos fomentar la participación más activa de las mujeres en la sociedad como único medio para lograr la igualdad de género. Hemos de seguir con atención los efectos de esta ley en las escuelas francesas; debemos reflexionar sobre éstas y otras alternativas; debemos comenzar a tender redes de solidaridad con las mujeres inmigrantes sin olvidar que nuestro objetivo no debe ser otro que el de conseguir que su integración se produzca en el marco del respeto a sus derechos, a los derechos humanos y a la Constitución española. Tengo la seguridad de que estas jornadas van a contribuir a este debate.